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Listado actualizado al 08 de mayo de 2020

 

 

En la causa Nº 257/18 caratulada: “Investigación preliminar - Jueza: Abg. ELSA GARCÍA HULSKAMP”.

Expediente caratulado: “BARTOLOME FRANCO LEGUIZAMÓN Y OTROS S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OTROS”.


Por medio de la providencia del 21 de junio del 2018, éste Jurado en el uso de sus de las facultades previstas por el art. 21 inc h,l de la ley N° 3759/2009, dispuso el inicio de una investigación preliminar sobre las actuaciones de los magistrados y agentes fiscales intervinientes en la causa penal caratulada “BARTOLOME FRANCO LEGUIZAMÓN Y OTROS S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OTROS”
Por no traer a la vista informes pormenorizados, copias autenticadas del expediente judicial y cuaderno de investigación fiscal que guarda relación con el caso.
En el análisis fáctico se observan las siguientes actuaciones relevantes.
▪︎Con respecto a las Agentes Fiscales María Fátima Britos, Stella Marys Cano y Esmilda Álvarez, haber imputado acusados y solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.
De los Jueces Penales de Garantías intervinientes Abg. Pedro Mayor Martínez y Lici Teresita Sánchez:
▪︎Haber tramitado y resuelto solicitudes de revisiones de medidas cautelares, pedido de allanamiento y anticipo de prueba jurisdiccionales de pruebas entre otros.
▪︎El Tribunal de Sentencia Olga Elisabeth González, Elsa Fulka y Víctor Medina, haber condenado a ambos procesados.
▪︎ De los miembros del Tribunal de Apelación Abg. Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Viviana Benítez Farías, haber condenado la sentencia condenatoria.
El Dr. Adrián Salas preopinante, manifestó que, del análisis pormenorizado de los autos principales, se constata que las agentes fiscales, han intervenido en la presente causa a lo largo del proceso y contaron con suficientes elementos probatorios en contra de los acusados por la comisión de hechos punibles de homicidio doloso, robo agravado y reducción respectivamente, razón por el cual imputaron, acusaron y elevaron a juicio oral y público logrando una condena de 20, 6 y 3 años respectivamente a los acusados. En ese sentido, cumplieron con el deber de la ley que les impone dirigir y promover la acción penal pública según la constitución nacional y las leyes, recabando los elementos necesarios que puedan llevar a dilucidar o no de los hechos punibles referidos en estricta observancia de lo establecido en el art. 279 del C.P.P, es decir, no se advierte un mal desempeño funcional en relación a la actuación de las fiscalas citadas.
En cuanto a la actuación de los Jueces Penales de Garantías intervinientes, se encuentra que entendieron y resolvieron las cuestiones que fueron puestas a conocimiento de los mismos por las partes durante la etapa investigativa, ejerciendo igualmente el control jurisdiccional de los actos procesales y requerimientos fiscales resolviendo tras las solicitudes de medidas cautelares, revocatoria de prisión propuesta por la defensa técnica de los acusados haciendo lugar a los pedidos de allanamientos y de anticipos jurisdiccionales de pruebas entre ellos en concordancia estipulados en el art.282 del Código de forma, por tanto mal se podría afirmar que los magistrados Pedro Mayor Martínez y Lici Teresita Sánchez obraron irregularmente durante la tramitación penal de la causa, máximo aun han actuado a lo que prescribe el art. 125 del C.P.P, en cuanto a la fundamentación clara y precisa de sus decisiones conforme se observa en las resoluciones que se tienen a la vista, es decir no se advierte que hayan concurrido en algún mal desempeño funcional.
Referente a la actuación de los miembros del Tribunal de Sentencia, tras el estudio y valoración de las pruebas admitidas, el citado órgano colegiado arribó a la conclusión de que la participación de los acusados en los hechos punibles de homicidio y robo agravado investigados quedó fehacientemente comprobada, motivo por el cual terminaron condenando a ambos procesados. Entonces, luego de establecer la calificación jurídica y sopesaron todas las instancias de los procesados a favor el tribunal sentenciador resolvió aplicar la condena de 26 años al procesado Franco Leguizamón y 3 años a Alejandro Nicolás González ordenando mantener vigente el auto de prisión preventiva del condenado. De la referida resolución, es decir de la sentencia definitiva del N°504/ 2016 del 1 de diciembre, se visualiza que el colegiado expreso los motivos de hecho y derecho de los cuales basaron la decisión, indicaron clara y específicamente el valor que otorgaron a los medios probatorios conforme lo prevé el art.176 del código ritual penal no se verifica un estado de las partes, es decir que con esto igualmente no se encuentra un mal desempeño funcional de los magistrados del tribunal de sentencia.
En los que respecta a los miembros del Tribunal de Apelación, tenemos que de la lectura de acuerdo y sentencia N°32 del 19 de junio del 2018 específicamente de la parte dispositiva se colige que el Tribunal de Alzada conformara la sentencia condenatoria, pero realizo una modificación a la subsunción de la conducta del acusado Bartolomé Leguizamón reemplazando por la conducta prevista en el art.168 del C.P.P, robo con resultado de muerte y lesión grave, confirmando sin embargo pena privativa de libertad de 26 años. En relación al procesado Alejandro González, modificar la condena de 3 años por la de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la condena por el plazo de 3 años sujeto a las reglas de conductas, en razón a la facultad prevista en el art.474 del ritual penal, es decir, decisión directa al órgano colegiado. Por lo tanto, mi voto es por el archivo de la presente investigación de todos los investigados conforme a lo señalado precedentemente.
Por unanimidad de los presentes se cancela y archiva la causa Nº 257/18.

 

 

 


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