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Listado actualizado al 08 de mayo de 2020

 

 

En la causa Nº 476/19 caratulada: “Investigación preliminar”. Publicación periodística: “ZACARÍAS IRÚN SE BENEFICIA CON MEDIDAS ALTERNATIVAS EN CASO DE LESIÓN DE CONFIANZA”, el Jurado resolvió archivar y rechazar la denuncia.

La presente investigación preliminar se inicia por providencia del 30 de diciembre del 2019 por la que en uso de las facultades previstas en el art. 21 inc. H y L, de la Ley Nº 3759/2009 se ordenó traer a la vista copias autenticadas del expediente judicial que guardare relación con los hechos denunciados en la mencionada publicación periodística del diario Última Hora del 27 de diciembre titulada  “ZACARÍAS IRÚN SE BENEFICIA CON MEDIDAS ALTERNATIVAS EN CASO DE LESIÓN DE CONFIANZA”.

A los efectos del art.16 de la Ley que nos rige. Se atribuye a la jueza penal de garantías Nº 5 de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná Abg. Cinthia Garcete como supuesto mal desempeño funcional cuanto sigue:

  • Habría beneficiado al imputado Ernesto Javier Zacarías Irún con la imposición medidas alternativas de la prisión preventiva.
  • Habría declarado la nulidad absoluta de la acusación y consecuentemente admitido el incidente de sobreseimiento definitivo deducido por la defensa técnica del procesado Ernesto Javier  Zacarías Irún en contra de las disposiciones de los artículos 165.166.171. 329 inc.2º, 359 inc.1º, 363 inc.4º, del código procesal penal.
  • Habría admitido la excepción de falta de acción opuesta técnica del imputado SANDRA MCLEOD DE ZACARIAS, ALBERTO RODRIGUEZ FLORENTIN DAVID ESPINOLA OSORIO, JUAN DOMINGO SANABRIA NOTARIO, CARLOS BORDON BOTINO, DORY ELSY ROJAS ESPÍNOLA, GUSTAVO ROJAS ESPÍNOLA, LUCIA ROJAS ESPÍNOLA Y OLGA ROJAS ESPÍNOLA respectivamente contra lo dispuesto en el art. 17 inc.4º, de la Constitución Nacional de la Republica y los art. 8º y 125, 329 inc.2º del C.P.P.
  • HABRIA DECRETADO DE OFICIO el sobreseimiento provisional de imputado SANDRA MCLEOD DE ZACARIAS, ALBERTO RODRIGUEZ FLORENTIN DAVID ESPINOLA OSORIO, JUAN DOMINGO SANABRIA NOTARIO, CARLOS BORDÓN BOTINO, DORY ELSY ROJAS ESPÍNOLA, GUSTAVO ROJAS ESPÍNOLA, LUCIA ROJAS ESPÍNOLA Y OLGA ROJAS ESPÍNOLA, en contra de las disposiciones del art. 16 de la Constitución Nacional, principio de imparcialidad de los art. 3º de la última parte 8º y duodécimo 42 125 282 ultima parte 326, 351 353 inc.4º, 356 inc.4º, y 362 del C.P.P.

Se sindica a los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción  Abgs. JOSEFINA AGHEMO, CLAUDIA CORVALÁN y LUIS SAID.

  • Habrían realizado actos de investigación sin cumplir con las exigencias legales y el desconocimiento de los derechos de los imputados específicamente en contra de las previsiones de los artículos 16,17 inc.8º y 268 inc.1º, de la Constitución de la República y los artículos 6º, 54, 165, 166, 214, 217, 223 del C.P.P.

Se atribuye a los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción  Abgs. JOSEFINA AGHEMO y LUIS SAID cuanto sigue:

  • Habría formulado el acta de imputación de fecha 29 de enero del 2020 a pesar de que los hechos imputados ya fueron objetos de la primera sindicación señalada el 29 de enero y 11 de marzo del 2019 respectivamente en contra de lo previsto en contra de los artículos 17 inc.4º, 262 inc.1º, de la Constitución de la República y los artículos 8º y 54 del C.P.P.,

Se sindica a los agentes fiscales  de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción  Abgs. JORGE ARCE y DIEGO ARZAMENDIA cuanto sigue:

  • Habría utilizado evidencia proporcionada por el propio imputado a la hora de la indagación indagatoria como elementos de cargos al momento de fundar la acusación en contra de los establecidos en los art.16, 17 inc.1º, 268 inc.1º de la Constitución Nacional y los artículos 6º, 54, 84 y 96 del C.P.P.
  • Habría presentado evidencia en forma extemporánea luego de analizada la etapa preparatoria en contra de lo dispuesto en el art. 8º, duodécimo, 54 y 347 último párrafo del C.P.P.

 

El Dip. Eusebio Alvarenga, preopinante de la causa mencionó con respecto al motivo que se le sindica a la jueza Garcete, que se dio cumplimiento al art.242, es decir posterior al requerimiento solicitado por el Ministerio Público, y que, en consecuencia se dictó la medida cautelar de prisión preventiva contenida en la Ley, tal como prescribe el art. 245 que fuera modificado por la Ley Nº 6350/2019, donde se prevé la posibilidad de suspender la ejecución aplicando alguna medida alternativa, que fue lo que hizo la magistrada Garcete. En este punto no encuentro elemento que ameriten para un enjuiciamiento en contra de la magistrada.

En cuanto al segundo punto sindicado, en esencia de trata de acoger favorablemente el sobreseimiento definitivo del caso, posterior a la declaración de nulidad absoluta de la acusación. La resolución de la magistrada fue fundamentada sobre la falta de  precisión del Ministerio Publico de la presentación de la acusación, no clarificó sobre la figura de la instigación prevista en el art. 16 del C.P.P., que por ende riñe contra el principio de individualización del hecho y consecuentemente se decretó el sobreseimiento definitivo.  Por lo tanto concluye que corresponde declarar la nulidad del caso. En los artículos citadas por la magistrada refiere al doble juzgamiento de la defensa en el juicio, por lo que entendió que se han vulnerado esos juicios por la falta de precisión, en consecuencia erró el juzgado penal de garantías ante el M.P., al calificar la conducta de JAVIER ZACARIAS IRUN como instigador.

En lo que refiere al análisis de este Jurado, sobre las actuaciones de la magistrada en el caso, se tiene que la misma se haya  limitado a examinar la procedencia o no de la calificación jurídica realizada por el Ministerio Público. Por ley, la magistratura puede corregir el requerimiento acusatorio. El art. 363, numeral 2, 3 y 4,  del C.P.P., faculta al Juzgado Penal de Garantías agregar en el auto interlocutorio que eleva la causa a juicio oral y público a hacer las pertinentes modificaciones. En este punto se encuentran elementos suficientes para el enjuiciamiento de la jueza.

Respecto al tercer punto, la magistrada argumentó que ya fueron juzgados con anterioridad por el Tribunal de Cuentas, en ese sentido cabe aclarar que el juicio de cuentas tiene connotaciones sancionadoras a la par que un juicio penal. En lo que nos compete, independientemente al resultado que se obtenga del proceso lo que se está buscando es una responsabilidad penal. En ese sentido encuentro motivo para el enjuiciamiento, sostuvo el Dip. Alvarenga.  

Al último punto refirió que, corresponde señalar que no existe dentro del C.P.P., la posibilidad que de manera oficiosa el juzgado opte por la figura de sobreseimiento provisional.

Con el argumento de que no corresponde el cierre del proceso pero que tampoco corresponde elevar la causa a juicio oral y público con los innumerables elementos probatorios, es decir se inmiscuyó directamente a cuestiones que sólo atañen al Ministerio Público. Por lo tanto, también corresponde el enjuiciamiento de la magistrada Garcete.

En cuanto al único punto que hace referencia a los Agentes Fiscales, Abgs. JOSEFINA AGHEMO, CLAUDIA CORVALÁN y LUIS SAID. Sobre la base de nuevos documentos se habría presentado la imputación. En este punto no se observan indicios de mal desempeño Conviene señalar que en la etapa de investigación preliminar y etapa preparatoria el Ministerio Público ha realizado varios actos de investigación como ser pericias, incautación

En cuanto a JORGE ARCE y DIEGO ARZAMENDIA, al momento de proponer las pruebas ofrecieron fundamentalmente dos objetos una planilla y un pendrive que fueron entregados por el imputado JUAN SANABRIA, ofrecidos por la fiscalía como elementos probatorios para que se produzca un juicio oral y público. El art. 54 del C.P.P., habla de que el M.P., tendría que actuar de manera objetiva sobre las disposiciones legales. En ese sentido no encuentro indicios de mal desempeño funcional.

Por otra parte, la ministra Gladys Bareiro adelantó su voto pidiendo el archivo y la cancelación de la denuncia con los siguientes argumentos.

Al primer motivo sindicado a la jueza Garcete, no se observa mal desempeño alguno en la tramitación de la audiencia prevista en el art. 242 del C.P.P., y el resultado de la misma, es decir, el decreto de la prisión preventiva y la suspensión de su ejecución por imposición de medidas alternativas, esto en atención a que la resolución de la magistrada se encuentran debidamente fundamentados dentro de los presupuestos del ritual penal y su configuración.

En cuanto al segundo motivo, la magistrada sostuvo en su resolución de que la acusación del Ministerio Publico contra el Sr. ERNESTO JAVIER ZACACRIAS IRUN, no precisaba la conducta del mismo para calificarla como prescribe en el art. 30 del código penal que es instigación. A mi criterio, el relato fáctico es inexistente al no atribuir una acción u omisión concreta respecto al caso. La sanción de nulidad de la acusación en este proceso corresponde sin dudas, y su efecto es la desvinculación de la persona sometida a proceso abierto. Una juez de garantías no puede corregir sobre textos formales ordenar la exclusión de algo obviado como lo es sin dudas la exposición de hechos. Por lo tanto no se encuentran indicios de mal desempeño funcional.

Con referencia al tercer punto mencionó que, la misma resolvió admitir la excepción de la falta de opción propuesta por la defensa técnica de los imputados, bajo el argumento de que los hechos han sido objetos de investigación en la presente causa ya fueron juzgados con anterioridad en el Tribunal de Cuentas. La garantía procesal de la prohibición de la doble prosecución como límite de la actividad del estado tiene dos facetas, primero el ámbito interno que prohíbe al estado someter a una persona a dos procesos penales por una misma conducta y segundo el ámbito externo que significa que la conducta de la persona constituye un hecho punible penal y al mismo tiempo un hecho administrativo. De esta manera, tampoco encuentro mal desempeño funcional.

En cuanto al último punto, cabe verter que si bien ninguna de las partes de las causas en cuestión, entiéndase ministerio público y/o imputados, planteo la figura del sobreseimiento provisional tanto al finalizar la etapa probatoria como la sustanciación de la audiencia preliminar, la etapa intermedia hubo una confrontación entre la fiscalía y el pedido de sobreseimiento definitivo de los respectivos defensores. Esto fue estudiado y objeto de análisis intelectivo en el acto, se indicó que si no correspondía elevar la causa a juicio oral tampoco la desvinculación definitiva de los procesados siendo importantes los elementos de convicción citados en la resolución los cuales perfectamente pueden producirse en el periodo de un año, es más las resoluciones de sobreseimiento provisional respecto a los otros imputados es una opción facultativa del juez penal, así lo prevé el art. 356 inc.4º del C.P.P. Por lo tanto, no se advierte mal desempeño funcional en la labor de la magistrada siendo entonces pertinente el archivo de la investigación preliminar abierta por su no enjuiciamiento.

En cuanto al único motivo en el cuadro referencial que se atribuye a los  los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción  Abgs. JOSEFINA AGHEMO, CLAUDIA CORVALAÁN y LUIS SAID, conviene señalar previamente que la etapa investigativa preliminar y más aún en la etapa preparatoria, el Ministerio Publico está facultado a realizar actos de investigación conducentes a determinación del objeto,  asumiendo siempre el deber de actuar en forma objetiva, de tal sentido tenemos que la causa penal en cuestión tiene ciertas diligencias realizadas por la fiscalía fueron señaladas como irregulares por la defensa técnica de los imputados motivo por el cual, en la sustanciación de la audiencia preliminar de la etapa intermedia, los imputados dedujeron incidentes de nulidad a contra de las mismas y a consecuente exclusión probatorio. Si la Jueza Penal de Garantías no encuentra elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público debe decretar sobreseimiento definitivo lo cual no implica que las diligencias llevadas a cabo por los agentes fiscales se hayan apartado de las formalidades exigidas en la legislación procedimental penal no pudiéndose afirmar que hayan transgredido el criterio objetivo, por lo cual no se observa sospecha de mal desempeño funcional.

 En referencia a los Agentes Fiscales, Abgs. JORGE ARCE y DIEGO ARZAMENDIA, manifestó que al momento de proponer pruebas que hacen a su pretensión, ofrecieron dos objetos una planilla y un pendrive que fueron entregados por el imputado JUAN SANABRIA al momento de prestar declaración indagatoria ante el ministerio Publico, en este punto no se puede hablar de que la actuación de los agentes fiscales haya violentado el principio de sus objetivos en sus actuaciones, si bien los elementos aportados por el imputado junto con el cumulo de actos investigativos realizados, fueron base de cargo del Ministerio Público no viéndose violentado ningún principio en que se encuentra amparado el imputado, más aún que ha sido objeto de control jurisdiccional, por lo tanto, no se observa sospecha de mal desempeño funcional. En cuanto al segundo motivo sindicado, durante el transcurso de la prorroga extraordinaria otorgada al Ministerio Publico estando pendiente aún el cumplimiento de diligencias que sirvieron de base a la petición de investigación fiscal y sin que haya cumplido el nuevo plazo de etapa preparatoria fijado por el Tribunal de Apelación interviniente, los referidos representantes fiscales solicitaron la abreviación de dicho plazo y formularon acusación contra todos los imputados en la causa de referencia y remitieron al juzgado ese requerimiento conclusivo con sus respectivas evidencias. 

Por todo lo expuesto en argumentos, finalizó solicitando el no enjuiciamiento de la magistrada Garcete y de los agentes fiscales mencionados anteriormente.

La votación quedó de la siguiente manera, cuatro votos por el enjuiciamiento, y cuatro votos por el NO enjuiciamiento de la Jueza Penal de Garantías Nº 5, en vista al no reunir la mayoría necesaria, se archiva y se rechaza la denuncia en contra de la Abg. Cinthia Garcete.

Respecto a los Agentes Fiscales, cinco votos por el NO enjuiciamiento y tres votos por el enjuiciamiento. Por mayoría, se archiva y rechaza la denuncia en contra de los Abgs. JOSEFINA AGHEMO, CLAUDIA CORVALAÁN, LUIS SAID y JORGE ARCE, DIEGO ARZAMENDIA.

 

 

 


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