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Listado actualizado al 08 de mayo de 2020

 

 

En el estudio de la causa Nº 423/18 caratulada: “Víctor Alfredo Llamosas Giménez c/ Dres. PERFECTO SILVIO ORREGO, RAMÓN ECHEVERRÍA y MARÍA DEL ROCÍO GOSSEN, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ Acusación”.

 
Expedientes caratulados:  “JOSÉ MELGAREJO JARA C/ NILVA FLORES VDA. DE FERNÁNDEZ S/ ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD”; “JOSÉ MELGAREJO JARA C/ MARLENE ELIZABETH FERNÁNDEZ Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO”; “JOSÉ MELGAREJO JARA C/ MARLENE ELIZABETH FERNÁNDEZ S/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO”.
La acusación deviene admisible en virtud de que el acusador demuestra solvencia económica,  al ofrecer como garantía el inmueble de su propiedad por lo que se encuentran reunidos los presupuestos exigidos para garantizar las resultas del enjuiciamiento según lo establecido en el art. 17 de la Ley 3759/2009. Se atribuye a los magistrados lo siguiente:
Habrían dictado una resolución en violación del debido proceso al confirmar una resolución de primera instancia que rechazo con costas el incidente de caducidad de instancias.
La ministra Gladys Bareiro, preopinante mencionó, se advierte que la acusación cumple con los requisitos exigidos por el art. 17 de la Ley del Jurado, al constarse que el acusador demostró solvencia económica, al ofrecer un inmueble de su propiedad que se encontraba en el distrito de CDE, adquirido lícitamente y registrado en los registros públicos.
Analizadas las circunstancias procesales que se traen a la vista, y en atención a que el acusador que el acuerdo de sentencia N° 364 del 18 de septiembre del 2018, fue dictado contra la garantía del debido proceso consagrado en la Constitución Nacional. Los magistrados concluyeron que la caducidad a distancia no operó en los autos principales, debido a que la reanudación de los plazos procesales y la agregación del sobre de alegatos finales, el proceso se encontraba a espera de la correspondiente resolución judicial por parte del órgano juzgador de primera instancia, consecuentemente no empezó a transcurrir plazo alguno imputable a los justiciales, por aplicación conjunta de los art. 382 y 176 del CPC.
El 12 de febrero del 2015, el abogado de la parte demandada y acusadora, comunicó al Jurado un hecho nuevo, requiriendo finiquito y archivo del proceso, a esta petición se imprimió el tramite incidental el propio día del 17 de febrero del 2015 al correr traslado a la parte contraria y ésta contestó, quedando en suspenso la resolución de este incidente sin que pueda avizorarse que haya sido resuelto. Seguidamente, la parte demandada solicitó la caducidad a distancia, exponiendo que el expediente quedó sin impulso procesal desde el 15 de julio de 2016, cuando el magistrado de primera instancia dicto providencia de inhibición.
Estando suspendido el trámite principal a consecuencia del incidente, no pudo operar de ninguna manera el plazo requerido para la caducidad de la instancia del juicio principal tal como se describe en la acusación.
Teniendo en cuenta todo lo manifestado, en el entendimiento de que no corresponde a este órgano valorar la tarea interpretativa y decisoria de los magistrados judiciales y juzgar sobre sus facultades legales, con mayor razón cuando no se advierte un perjuicio concreto a los justiciables y más aún cuando es ostensible el proceder jurídico. En diferentes fallos, el Jurado ha acuñado que los magistrados ostentan un margen de discrecionalidad en el juzgamiento de los hechos que son materia de discusión y que no es posible de enjuiciarlos simplemente por la decisión dictada, lo cual implicaría intromisión indebida en la actividad tradicional. Las causales de mal desempeño de funciones deben constituir un apartamiento intolerable de la misión encomendada a los jueces extremos que no se visualiza en el caso analizado. Por lo tanto, su votó fue por el rechazo de la acusación presentada, por improcedente.  
A consideración de los demás miembros, por unanimidad de votos, se resolvió rechazar y archivar la denuncia contra los Abgs. PERFECTO SILVIO ORREGO, RAMÓN ECHEVERRÍA y MARÍA DEL ROCÍO GOSSEN, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

 

 

 


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