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Listado actualizado al 08 de mayo de 2020

 

 

En la causa N° 195/18 caratulada: Abg. José Domingo Cortti Gómez c/ Abg. GRACIELA HAYDEE ESCALA DE GIMÉNEZ, Jueza de Primera Instancia en lo civil y Comercial del 3° Turno de la Circunscripción Judicial de Itapúa S/ Acusación.

Expediente caratulado: “FREDY FERMI  ORTEGA ULLON C/ NINA KLRKOC DE SUPRUNIUK Y OTROS S/ ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO”, “INCIDENTE DE REGULACION DE HONORRIOS DEL ABG. JOSÉ DOMINGO CORTTI GÓMEZ EN EL JUICIO:  LEONCIO DOVGUN PODLASKY Y MIRIAN GRCIELA PINKOSWSKI DE DOVGUN”.

La acusación deviene inadmisible, en virtud al art. 17 de la Ley  especial del jurado, debido a que no acreditó solvencia económica tampoco solicitó ser dispensado de la misma, además, los hechos  expuestos no infieren prima facie la gravedad y notoriedad requerida, pero en virtud del art 16 de la Ley N° 3759/09, se analiza la causa.

Se atribuye a la magistrada en la causa “FREDY FERMI ORTEGA ULLON C/ NINA KLRKOC SUPRUNIUK Y OTROS S/ ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO”.

Haber dictado la sentencia definitiva N° 368/ 17, de fecha 12 de set. Del 2017 por la cual decidió rechazar el  pedido de suspensión de la ejecución planteada por los demandados.

Haber rechazado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva N° 368/17 del 12 de set. 2017

Haber confiscado los bienes de los demandados de manera irregular concediendo embargo ejecutivo sobre trece  inmuebles.

Haber rechazado el pedido de copia autenticada del expediente judicial demostrando parcialidad manifiesta.

Haber ordenado el remate de los bienes de los demandados existiendo incidentes de excusación de bienes y nulidad de actuaciones sin resolver.

Con respecto al expediente judicial caratulado “INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS DEL ABG. JOSÉ DOMINGO CORTTI GÓMEZ EN EL JUICIO: LEONCIO DOVGUN PODLASKY MIRIAN GRACIELA PINKOSWSKI DE DOVGUN”S/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES.

Se le atribuye haber revocado su propia resolución de regulación de honorarios por medio de una aclaratoria alterando lo sustancial de su decisión.

La preopinante, Dra. Gladys Bareiro de Módica, indico con respecto a haber revocado su propia resolución de regulación de honorarios por medio de una aclaratoria alterando lo sustancial de la decisión. En cuanto a este hecho, teniendo a la vista la constancia del proceso se corrobora que el 30 de Nov. Del 2016, fue promovida la acción preparatoria de juicio ejecutivo por la suma de 100.000.000 gs. Más sus intereses y accesorios. En febrero del 2017 se resolvió inicia el juicio ejecutivo, citar de remate a la parte deudora haciéndole saber si en el término de 5 días no pone excepción legítima se llevára adelante la ejecución.

El representante de los demandados solicitó la suspensión del juicio ejecutivo por haberse iniciado y admitido la convocatoria de acreedores de ambos demandados. Agregando a los autos los oficios por los cuales se le comunica los dictados de los interlocutorios por los cuales se admitieron las convocatorias de los acreedores de los demandados, esta solicitud tuvo el correspondiente traslado a l parte actora la que contestó y se llamó entonces autos para resolver.

En estas circunstancias procesales, la jueza acusada dicto la sentencia del 12 de Set. 2017, en la que resolvió rechazar con costas el pedido de suspensión conformó los argumentos expresados en sus exordios y decidió llevar adelante la ejecución contra la Señora Nina Klrkoc de Supruniuk  con el cobro de 100.000.000 gs. Resolución que generó agravio al acusador inadmitido. Considerando lo señalado por el acusador que sostiene que el pedido de suspensión fue rechazado en forma contrapuesta a la norma por parte de la jueza acusada, es darle señalar que para el pedido de suspensión fue rechazado por la aplicación de lo establecido en el art. 26 de la Ley N° 154 del ´69 que enuncia: desde la admisión de la convocación de acreedores los acreedores por títulos o causa anterior no podrán iniciar o proseguir acción ejecutivas contra el patrimonio del deudor y notando ya que el cheque que se ejecuta es de fecha posterior al interlocutorio de convocatoria de acreedores y no anterior como requiere la norma, no correspondía la suspensión del presente juicio ejecutivo.

El acusador inadmitido funda la supuesta causal de mal desempeño funcional en una cuestión de interpretación y aplicación de normas jurídicas lo que no es materia de estudio de este Jurado, ya que en el caso que sí se estudiara se establecería una instancia paralela a las jurisdicciones ordinarias previstas en el código procesal civil lo que no está permitido por nuestra Constitución Nacional.

Por lo señalado en este aspecto, no observo mal desempeño de funciones de parte de la jueza, indicó la Ministra.

En cuanto al segundo motivo, se observa que obra el escrito del 15 de Set. Del 2017, por el cual el acusador inadmitido, José Domingo Cortti, interpuso recurso de apelación y nulidad contra la sentencia que resolvió rechazar con costas y pedido de suspensión y llevar adelante la ejecución. Por providencia la jueza citada no hizo lugar a los recursos interpuestos por improcedente.

Respecto a la decisión de la magistrada en cuestión, no es ostensible  una fundamentación precisa del motivo del rechazo de los recursos interpuestos. Dicho esto, es preciso señalar que lo dispuesto en los arts. 442 del  CPC que establece: Inapelabilidad; serán inapelables las resoluciones que recayeren en el juicio ejecutivo desde su preparación hasta su terminación, salvo la sentencia de remate que, de acuerdo a la 472y el auto que decide sobre liquidación. En segundo lugar en concordancia con revisión a la norma escrita lo que establece el 472 del mismo cuerpo legal, textualmente prescribe: APELACION. La sentencia de remate será apelable a) cuando se tratare del caso previsto en el 466 párrafo primero b) cuando se hubiera puesto excepciones e intentado probarlos y c) cuando las excepciones se hubieren tramitado de pudo derecho. El recurso se concederá en relación y con efectos suspensivos.

De lo dispuestos en estas normas en el caso específico, la parte demandada no opuso excepción alguna, razón por la cual recurso el recurso de apelación interpuesto no era procedente y así se resolvió.

Posteriormente el apelante y acusador ante el Jurado recurrió en queja por los recursos denegados. El tribunal de alzada resolvió desestimar este recurso de queja por apelación denegada, porque estaba fuera del  plazo legal establecido en el CPC . se concluye también en este punto que no hubo apartamiento de las disposiciones procesales mencionadas por lo que no se hace visible ningún punto de mal desempeño de funciones por parte de la jueza.

En cuanto al tercer punto, de haber confiscado los bienes de los demandados de manera irregular concediendo embargo ejecutivo de tres inmuebles.

Es de suma importancia indicar que la jueza ordeno embargo ejecutivo sobre los bienes suficientes hasta cubrir la suma reclamada, más la de 10.000.000 millones de gs. Que fijo provisoriamente como gastos de justicia librando para el efecto el correspondiente mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo.

Se observa a foja 21, en el acta que consta dicho mandamiento fue diligenciado por el oficial de justicia quien trabo efectivamente  embargo ejecutivo sobre los 13 inmuebles de los demandados, por lo que aquella diligencia no puede ser arrogada a la  magistrada Graciela Scala, tampoco la existencia de responsabilidad de mal desempeño funcional  en relación a este hecho.

Cuarto punto motivo de la acusación, el no haber otorgado copia autenticada del expediente judicial demostrando supuestamente  con este actuar una parcialidad manifiesta. Es evidente que lo señalado no es reflejo de las constancias del expediente.

A fojas 262, se encuentra el escrito por el cual el abogado solicito copias autenticadas de las actuaciones y por providencia del 08 de mayo del 2018, la magistrada acusada dispuso  lo siguiente; como se pide, expídanse copias autenticadas de estos autos a costas del solicitante. A tal efecto autorícese el retiro del expediente por un plazo de 2 horas. Por lo tanto, las copias autenticadas fueron efectivamente concedidas conforme lo solicitado, por lo que no se observa que la jueza Graciela Scala haya exteriorizado con su actuar parcialidad manifiesta. Tampoco encuentro mal desempeño en sus funciones.

En el quinto punto, se atribuye a la jueza el haber ordenado la subasta pública de los bienes embargados y propiedad de los demandados  aún cuando estaba pendientes de ser resueltos incidentes  de inscripción de bienes y nulidad de actuaciones, es oportuno señalar que el incidente de exclusión de bienes fue deducido por el acusador en fecha 02 de mayo del 2018, luego por proveído del 08 de mayo, la jueza Graciela Scala, ordeno la venta en  pública subasta de cinco de los trece inmuebles que fueron embargados en autos, también corrió traslado a la parte contraria del incidente de exclusión de bienes deducidos. Se encuentra en autos el escrito presentado por el actor con sus respectivas instrumentales por el cual el mismo agrego la evaluación fiscal de los cinco inmuebles mencionados realizados por el servicio de nacional de catastro. La avaluación refleja que el monto de los cinco inmuebles es un monto cercano a la suma reclamada por el autor en autos.

El incidentita, Abg. José Domingo Cortti, representante de los demandados no señalo que los inmuebles deberían ser excluidos de la afectación de la medida cautelar de embargo, más bien se refirió de manera genérica que el embargo se limite  y afecte solo a los bienes capaces de cubrir el monto reclamado por el autor en juicio.

De lo expuesto, veo una cierta desprolijidad de parte de la magistrada por haber ordenado la venta  en pública subasta estando pendiente de resolución un incidente de exclusión de bienes. A su vez constato también conforme a los documentos procesales que efectivamente se ordenó la venta en pública subasta de los cinco inmuebles cuya evaluación fiscal arrojo una suma cercana a la reclamada y no de los trece  inmuebles que eran embargados.

En este caso, si bien no hubo oposición a las pretensiones al incidente de  exclusión de bienes, por más que el mismo no ha sido resuelto, surge que los incidentes de nulidad de actuaciones fueron promovidos en fecha posterior a este proveído del 08 de mayo del 2018 por el cual entre otras cosas se ordenó la venta en pública subasta, por lo que no se puede afirmar que la jueza ordeno la venta publica existiendo incidente de nulidades sin resolver.

Por todo lo señalado tampoco encuentro méritos suficientes para iniciar de oficio su enjuiciamiento.

En el otro expediente, el Incidente de Regulación de honorarios del Abg. José Domingo  Cortti, existe un único hecho señalado a la jueza acusada, se trata de una irregularidad procesal con relación al alcance que la misma le dio a un recurso de aclaratoria interpuesto contra un auto interlocutorio que  justifico los honorarios profesionales del Abg. Acusador.

La jueza en cuestión, dictó el auto interlocutorio el 23 de marzo del 2017, por el cual resolvió regulara los honorarios profesionales en doble carácter del Abg. Patrocinante y procurador dejando establecido la suma de setenta y ocho millones de guaraníes más 10 % de la suma mencionada en concepto de IVA.  Esta resolución fue atacada de por el Abg. Del caso Ricardo Antonio Romero que interpuso recurso de aclaratoria contra la misma que fue resuelta en la cual la magistrada resolvió: Aclarar y fijar la regulación de honorarios profesionales en la suma de treinta  y un millones cuatrocientos mil guaraníes más 10% en concepto de IVA.

Es muy raro que entre el monto justipreciado en el primer interlocutorio y el posterior existe una diferencia de cuarenta y siete millones cien mil guaraníes. el fundamento del interlocutorio que atendió el recurso de aclaratoria dice: Que analizada la cuestión planteada se evidencia que se deslizó un error material involuntario en la aplicación del art. 32 de la Ley arancelaria y el porcentaje 5% en razón del caso se halla contemplado en el art. 53 número 1 del procedimiento. 

Que el pedido de convocatoria de acreedores, bajo asesoramiento del Abg. Cortti, adoleció de un mal de absoluto asesoramiento al no tener en cuenta las exigencias establecidas en el art. 44 de la Ley 154 de Quiebras, que motivo el rechazo del concordato  y la declaración de Quiebras de sus clientes, por lo que decía ella, corresponde modificar y aclarar que en el procedimiento concursal que establece la retribución por trabajos cumplidos del pedido de convocatoria de acreedores, comprendiendo incidentes hasta la aprobación o rechazo de lo concordato debió aplicarse el porcentaje del incidente en un porcentaje del 2% del pasivo total de mil quinientos setenta millones de gs. Arrojando la suma de treinta y uno millones cuatro ciento mil.  Habida cuenta que fue rechazado el concordato y se declaró la quiebra por lo tanto no hubo ningún provecho económico en los intereses de los deudores sino todo lo contrario perjuicios irreparables.

No existen dudas que al introducir variaciones neurálgicas a una resolución mediante un recurso de aclaratoria para mi criterio configura una clara irregularidad procesal.  Con relación a esta circunstancia el código procesal civil establece lo sgte. Con respecto a la aclaratoria, las partes podrán pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la dicto con el objeto que corrija  cualquier error  material, aclare alguna expresión oscura sin alterar lo sustancial de la resolución y supla cualquier omisión etc.  En ningún caso se alterara lo sustancial de la decisión con el  mismo objeto, el juez o tribunal de oficio dentro del tercer día podrá aclarar sus propias resoluciones aunque hubieran sido notificadas y el error material podrá ser subsanado en la etapa de ejecución  de sentencia.

En este sentido, la jueza Graciela Scala había incurrido en principio en una violación de la competencia en cuanto al grado, ya que la forma procesal adecuada de impugnar el tipo de interlocutorio que fue objeto de recurso de aclaratoria, es el recurso de apelación que debería ser sustanciado ante el tribunal de apelación correspondiente.  En este tema SÍ considero una irregularidad procesal por parte de la misma.

En conclusión, yo sostengo que se haga lugar al enjuiciamiento de oficio previsto en la última parte del art. 16 de la Ley del Jurado en cuanto a este último punto de la aclaratoria, señaló la Dra. Bareiro de Módica.

Los demás miembros, en mayoría se adhirieron a la preopinante y votaron a favor del enjuiciamiento sin suspensión de la Abg. GRACIELA HAYDEE SCALA DE GIMÉNEZ,  jueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial del 3° Turno de la Circunscripción Judicial de Itapúa.

 

 

 


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