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Listado actualizado al 07 de junio de 2021

 

 

En sesión ordinaria, pleno del cuerpo colegiado estudio la causa N° 05/2020 caratulada: “Abg. MANUEL FERNÁNDEZ ARCE, Juez Penal de Garantías de feria de la ciudad de Capitán Bado, Circunscripción Judicial de Amambay s/ Enjuiciamiento”. 

Expediente caratulado: “MINISTERIO PÚBLICO C/ MARCOS PAULO VALDEZ Y OTROS S/ VIOLACIÓN A LA LEY Nº 4036/10”.

La ministra Gladys Bareiro de Módica se inhibió de entender la causa y en sustitución de la misma fue designado el  ministro Cesar Garay Zucolillo, quien comunicó su inasistencia a la sesión.

El juez Manuel Fernández Arce, no registra sentencia, registra un enjuiciamiento y una investigación preliminar en trámite.

En el auto de enjuiciamiento el Jurado dio cumplimiento a la garantía prevista en el artículo 17 numeral 7 de la constitución nacional al exponer de manera previa y detallada los hechos que motivaron el enjuiciamiento del juez que fueron los siguientes hechos.

  • Por A.I N° 8 de fecha 10 de enero del 2020, resolvió hacer lugar al pedido de revisión de la medida cautelar presentado por el representante de la defensa técnica de los imputados Felipe Thiago Diogo Fernández Díaz, Rafael de Sousa, Ailton Buthelo Dos Santos, Julio César Gomes, Marcos Paulo Valdez Pereira y Luciano de Souza Marten, ordenando en consecuencia la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva que pesaba sobre los mismos y la aplicación de la medida sustitutiva del arresto domiciliario con lo que habría obrado en desconocimiento los preceptos de la ley 6.350/2019.
  • Habría dictado el mentado A.I N°8 de fecha 10 de enero de 2020, por el cual resolvió hacer lugar al pedido de revisión de medidas cautelares planteados por la defensa técnica de los imputados sin la debida fundamentación de los extremos exigidos por la ley para el arribo a la resolución en contravención a lo establecido en el art. 125, 243y 244 del CPP.
  • En el A.I N°8, de fecha 10 de enero del 2020, habría valorado anticipadamente elementos probatorios en detrimento a lo establecido en el artículo 175 del CPP.

Igualmente  mencionaron como hechos atribuidos al magistrado en el auto de enjuiciamiento, lo siguiente.

  • En fecha 27 de diciembre 2019, el juez Cándido Insfrán rechazo la restricción de medidas a escasos días de aquel rechazado llamativamente entiende dentro del proceso el juez Fernández, algo bastante llamativo, o sea que más o menos va actuar como tribunal de apelación a lo ya resuelto por su parte.
  • El juez Fernández, en contra incluso de esta resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de diciembre 2019, él en fecha 10 de enero del 2020, es decir, a 10 días que se expidiera la Corte, habría dictado el mentado A.I N°8 de fecha 10 de enero del 2020.

El Dr. Jorge Bogarín, preopinante en esta causa, aclaró que, si bien es cierto, por disposición del art. 250 y siguiente del código ritual,  la revisión de medidas cautelares puede ser solicitada las veces que los procesados consideren pertinentes, no puede atribuirse al juez haber incurrido en mal desempeño de funciones por haber sustanciado el procedimiento de revisión sino más  bien por no fundamentar correctamente su resolución inobservando la normativa aplicable al caso en concreto, puesto que el descargo realizado ante este Jurado no tiene la virtualidad de justificar su actuación en cuanto al hecho que motivo el enjuiciamiento.

En primer lugar, se refirió al peligro de fuga y obstrucción, realizó una apreciación muy a la ligera sin considerar la disposición de los artículos 243 y 244 del CPP, que exigen valorar la cuestión referente al arraigo en el país, la pena que podría ser impuesta como resultado del procedimiento, la importancia del perjuicio causado y el comportamiento del procesado durante el procedimiento.

Se puede inferir razonablemente su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de someterse a la persecución penal, ninguno de estos extremos fue considerado en el supuesto estudio del  peligro de fuga y tampoco se colige análisis alguno sobre el articulo 144 en referencia al peligro de obstrucción, limitándose a mencionar que éstos no existen. Tampoco se observa una evaluación del perjuicio presumiblemente causado, teniendo en cuenta que los mismos fueron aprendidos en el marco del operativo MINOTAURO, producto de los trabajo de inteligencia en la cual se sorprendería un supuesta vinculación con el grupo criminal Primer Comando Capital, procedimiento en el cual se incautaron armas de fuego de grueso calibre que no cuentan con la identificación. Son hechos que adquieren notoria gravedad y cuyo marco penal tampoco fue tenido en cuenta por el magistrado, no explica el motivo por el cual considera suficiente una fianza consistente en el depósito de 10 millones de guaraníes por cada imputado para asegurar el arraigo otorgando todo con unidad de criterio la medida de arresto domiciliario.

Del análisis de la resolución no se vislumbra el camino lógico – jurídico transitado por el magistrado para llegar a su decisión final. En consecuencia tenemos que el magistrado enjuiciado no da acabado cumplimiento al art. 125 del CPP, ni del 256 de la CN.

Si bien es cierto, existieron nuevos elementos incorporados al proceso, tales como informe de la Dimabel, por el cual señalan que las armas se encuentran registradas, es necesario aclarar que ningún registro corresponde a los procesados con el agravante que algunos de ellos carecen de número de serie dato no considerado por el magistrado y que refuerza la tesis del Ministerio Público en la presunta trasgresión a la Ley 4. 036/10.

Además, consta ente los antecedentes la recomendación realizadas por las autoridades brasileñas que sugieren realizar pericias documentales a fin de determinar si los documentos  son de soporte original y si los datos son consignados en ellos más las impresiones dactilares y fotografías son reales o apócrifas y siguieren realizar la búsqueda en los 27 distritos federales a fin de obtener mayor información. Tampoco se tuvo en cuenta antecedentes particulares de algunos procesados.

Se constituye con grado de certeza afirmativa que se encuentra probado que el magistrado enjuiciado ordeno la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva que pesaba sobre los imputados y la aplicación de la medida sustitutiva de arresto domiciliario en total inobservancia de los preceptos contenidos en la ley 6.350/2019 y en contravención a los arts. 125, 243 y 244 del CPP.

Se encuentra debidamente comprobado con grado de certeza afirmativa que quedo confirmado el mal desempeño de funciones del Abg. Manuel Fernández Arce, por disponer medidas menos gravosas a los imputados con inobservancia de las normativas vigentes antes mencionadas, en consecuencia votó por la remoción del magistrado, expreso el preopinante.

Con cinco votos coincidentes, el Jurado resolvió REMOVER de sus funciones al juez Manuel Fernández Arce.

 

 


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