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  Listado de Expedientes 

Listado actualizado al 07 de junio de 2021

 

 

Durante el estudio de la causa Nº 229/2020 caratulada: “Georg Frederic Reyman c/ Abg. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty, Circunscripción Judicial de Caazapá s/ Denuncia”. Los miembros Manuel Ramírez Candia, Jorge Bogarin, Mónica Seifart, Gladys Bareiro de Módica, Fernando Silva Facetti votaron por el enjuiciamiento sin suspensión, el miembro  Hernán Rivas voto por el rechazo de la denuncia.

Acumulada con:

Causa N° 318/2020caratulada: “Investigación Preliminar”.

Expediente caratulado: “ROBERTO DUARTE VÁZQUEZ C/ ROBERTO DANIEL BENÍTEZ BÁEZ S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE”.

Conforme a lo que prevén los artículos 121 y 122 del código procesal civil  de aplicación supletoria  de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la ley del jurado, y dada las condiciones para la conexión de causas que guardan relación con el mismo objeto de estudio, se encuentran plenamente reunidos para su procedencia correspondiendo que la causa Nº 318/2020, sea acumulada con la  causa N° 229/2020, por ser esta ultima la más antigua, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del código procesal civil.

Las denuncias, en relación a las causas 229/20, devinieron inadmisible en virtud a lo dispuesto en el art. 16 de la ley especial del Jurado.

La investigación preliminar se inició por providencia de fecha 27 de octubre del 2020 a raíz de la publicación periodística de fecha 17 de agosto del 2020.

La  denuncia, así como la publicación periodística, atribuyen al Abg. Miguel Ángel Riquelme, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty, Circunscripción Judicial de Caazapá, los siguientes hechos.

  • Haber dictado una medida cautelar de urgencia por la cual autorizó al demandante el ingreso y toma de posesión de un inmueble además, de la prohibición de innovar y contratar sobre dicho inmueble pese a haber tenido a la vista un contrato compra venta celebrado entre la parte demandada del juicio objeto de las denuncias con el anterior propietario del inmueble n el cual ambas partes reconocieron expresamente la existencia de otra medidas cautelares de anotación de Litis y prohibición de innovar y contratar sobre el mismo inmueble que es objeto del contrato de arrendamiento que a su vez es objeto del juicio que sirve de base a la presente denuncia e investigación preliminar.
  • Haber rechazado por A.I. N°237 de fecha 27 de octubre del 2020, el pedido de levantamiento liso y llano de las medidas cautelares de ingreso y toma de posesión de inmueble y de prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble.
  • Haber otorgado la posesión de un inmueble con base en un contrato de arrendamiento firmado sobre un título falso.
  • Haberse trasladado a la localidad Mayor Otaño, Itapuá para entregar la posesión de un inmueble fuera de su jurisdicción.

El Jorge Bogarín, preopinante en esta causa dijo con relación al primer motivo existen indicios de  mal desempeño de funciones atendiendo que el magistrado dictó medidas cautelares que resuelven de manera contradictoria con otras dictadas con anterioridad  por otro magistrado en el juicio vinculado al inmueble en cuestión. En este sentido conforme obra en el expediente judicial el juez denunciado tuvo a la vista contratos privados de cuyo contenido surgen con claridad que, sobre la finca  h 23/1242 del distrito de Mayor Otaño, pesaban medidas cautelares de prohibición de innovar hecho y de derecho, prohibición de contratar, anotación de Litis y embargo preventivo, en dicho contrato incluso consta las caratulas de los juicios en las que fueron dictadas estas medidas cautelares, los juzgados y los secretarios actuantes, circunstancias claramente omitidas por el juez denunciado quien dicto medidas cautelares de toma de posición de inmueble como así también la postura de prohibición de innovar y contratar el autor generando la coexistencia de medidas cautelares contradictorias entre sí.

Debemos hacer notar que a partir del contrato firmado por arrimado por el propio autor al iniciar el  juicio, el juez denunciado pudo notar la existencia de sendas medidas cautelares que pesaban sobre el inmueble objeto de la Litis por lo que correspondía a la verificación de la existencia y vigencia de los mismos en el registro público, así mismo de manera concomitante a las medidas cautelares que posiblemente ya pesaban sobre el inmueble antes de la intervención del magistrado denunciado el  mismo contrato privado de referencia ya surgen indicios que se hallan en tramites juicios y acciones posesorias vinculadas al mismo inmueble en lo que aún se debate la propiedad y posesión del mismo. Este último arroja seria duda s sobe la verisimilitud del derecho que el autor invoco para pedir las medidas cautelares de toma de posesión que finalmente fueron otorgados.

Las medidas cautelares buscan asegurar el eventual resultado del juicio y no otorgar de manera anticipada el derecho reclamado en el proceso principal.  En estos autos se observa que la demanda judicial tiene por objeto la entrega en posesión del inmueble en cumplimiento del contrato de arrendamiento.  Sin embargo, la posesión del inmueble ya le fue anticipada con la medida cautelar otorgada por el magistrado en cuestión, dando a su resolución el carácter de una sentencia anticipada, pues el  objeto del juicio ya es efectivamente con la medida, aun cuando el derecho invocado no fue acreditado ni ha  pasado en autoridad de cosa juzgada , en suma el juez denunciado dicto medidas cautelares sin verificar previamente la situación registral y dominal del inmueble a pesar que tuvo a la vista documentales que de manera indiciaria revelaban la existencia de otros juicios y otras medidas cautelares en vigencia resultando que su proceder ha permitido la coexistencia de medidas cautelares contradictorias entre si otorgando medidas cautelares que de manera anticipadas e irregular hace lugar a la pretensión principal del juicio y existiendo serias dudas sobre la verosimilitud del derecho invocado por el actor con lo que viola el art. 693 inciso a del código procesal civil.

En relación al segundo motivo, en los términos del art. 84 del CPC se ajusta a  derecho en razón de que el articulo presentado hace referencia expresa al embargo con una medida cautelar sin que la norma procesal haga referencia a otras medidas cautelares en el juicio no se había dictado embargo por lo que no resulta aplicable la figura procesal presentada. Así las cosas, no encuentro causales de mal desempeño por éste motivo.

En cuanto al tercer motivo, considero que la actual falsedad de los títulos que originalmente otorguen derecho al arrendante o arrendatario son dirimidos en el juicio respectivo en lo que el juez denunciado no es competente. Si bien, la existencia o juicio ordinario en el que objetaba las escrituras que hacen a la situación nominal  del inmueble encuentra una relación más íntima con el análisis sobre la verosimilitud del derecho invocado por el actor. El juez denunciado no debe declarar la validez o falsedad de títulos de propiedad en el marco de un juicio de cumplimiento de contrato. En estos autos se constata que el magistrado no ha realizado ningún análisis sobre la supuesta falsedad del  título alguno por lo que lo denunciado carece de asidero factico en el expediente judicial y por lo mismo no es dable iniciar el enjuiciamiento oficioso por este motivo.

Con respecto al cuarto motivo, su actuación se halla respaldada en la competencia que las partes decidieran otorgar de manera expresa conforme al contrato cuyo cumplimiento se reclama de manera que su actuación está  amparada en esta competencia territorial originaria y no habiéndose cuestionado este punto en el juicio, no cabe analizar por parte de este jurado en este sentido, por lo tanto no se observa indicios de mal desempeño funcional respecto a éste cuarto hecho.

En estas condiciones estimo que existen condiciones de mal desempeño de funciones  en relación al primer punto del cuadro referencia por lo que considero que corresponde el enjuiciamiento con suspensión del juez Miguel Ángel Riquelme, conforme a las conductas descriptas en el inciso b y g en el art. 14 de la ley especial, expreso el preopinante.

Los miembros Manuel Ramírez Candia, Jorge Bogarín, Mónica Seifart, Gladys Bareiro de Módica, Fernando Silva Facetti votaron por el enjuiciamiento sin suspensión y el miembro  Hernán Rivas voto por el rechazo de la denuncia.

El Jurado resolvió, ACUMULAR las causas, ENJUICIAR SIN SUSPENSIÓN  preventiva de funciones al juez Abg. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty, Circunscripción Judicial de Caazapá.

Fue designada fiscal acusadora la  Abg. Alejandra Benítez.

 

 


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