En relación a las manifestaciones del Ministro César Garay de que “los hechos notorios no requieren de ninguna demostración previa porque así lo establece la ley imperativamente” refiriéndose a la ocupación de tierras públicas, que ha tomado estado público mediante publicaciones periodísticas, , los miembros del Pleno, de forma unánime, resolvieron iniciar un Enjuiciamiento Oficioso contra el magistrado Abg. Daniel Gómez Rambado, miembro del Tribunal de Apelaciones de Presidente Hayes, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 6814/2021. Así también, solicitar la suspensión del mismo en sus funciones, a la CSJ.
Finalizado el tratamiento de los puntos del orden del día, en el estadio de asuntos varios, el Ministro de la CSJ, se pronunció sobre los hechos que tomaron estado público, referidos a la ocupación de tierras públicas en los siguientes términos: «La situación escabrosa que se dio con respecto a tierras del pueblo paraguayo intituladas a nombre del Ministerio del Poder Ejecutivo, que no dejan de ser del pueblo paraguayo, en la que la nómina de beneficiarios no sólo llama a la reflexión sino que impulsa de parte de la ciudadanía de bien, el legítimo reclamo de ley que esto tenga su tratamiento ante las instancias que contempla la ley fundamental de la República, es decir la Constitución y demás leyes, sin emitir juicio de valor, pero sin ocultar tampoco lo sorprendente de éste hecho consumado y cuyas denominaciones van desde ocupantes, usurpadores e invasores.
«Como integrante de este Jurado de Enjuiciamiento y en la más noble y excelsa función de Superintendente de la Circunscripción Judicial Presidente Hayes, se solicita el enjuiciamiento de quien funge como magistrado en esa circunscripción judicial, de tal manera a que se pueda esclarecer con precisión absoluta cuál es la situación por la que alguien que está en ejercicio de la magistratura pueda estar involucrado en este episodio tan deplorable, nefasto para las instituciones, la credibilidad y el cabal funcionamiento de los poderes del estado y sus autoridades. Abundan y hasta rebozan las argumentaciones que hay para el caso, desde el Código Civil y se proyectan al Código Penal. Sin hacer academia, sabemos cuál es el rango que tiene la propiedad en el sistema legal paraguayo desde la Constitución de 1870, fortalecida en su dimensión filosófica por el originalísimo código civil del Dr. Dalmacio Velez Sarsfield, quien, al escribir ese monumental trabajo en el siglo XIX, se inspiró y abrevó para lo concerniente a la propiedad pública y a la propiedad privada en el inmortal código de Napoleón.
«Reitero, sin exageración los argumentos rebosan, tanto del Código Civil como del Código Penal y, por si no fuera suficiente, podríamos inquirir cómo es posible que alguien que tiene el imperium, la jurisdictio, pueda encontrarse en esta situación, con respecto a nosotros los colegas, los legisladores, los profesionales del foro. los magistrados con respecto a los justiciables. Entonces con absoluta franqueza intelectual, presidente y muy apreciados compañeros del Jurado, hemos preparado las fundamentaciones que ameritan holgadamente obrar de oficio para enjuiciar a quien aparece, y no ha habido ningún desmentido, ninguna aclaración al respecto, para que este Jurado de Enjuiciamiento, por mandato constitucional, imperativo y también de su ley y normativas concordantes enjuicie a esta persona, que reitero, ocupa nada más y nada menos que la magistratura en el Tribunal de Apelación de la Judicial Presidente Hayes, es decir, está en el penúltimo grado de la jerarquía en la magistratura, de tal suerte que se pueda dilucidar esta situación, que por decir lo menos, es provocativa a la ciudadanía de bien, insultante a quienes ostentan dignamente la propiedad privada, y, es aberrante que el inmueble que pertenece al estado, es decir, al pueblo paraguayo, sea usurpado sin ningún título fehaciente que vaya a justificar el exceso y el desborde en el que se ha incurrido, incluso si el Jurado lo considera, hago resalva expresa de poner a conocimiento de las autoridades de la fiscalía para todo lo que hubiera», finalizó su intervención.
Seguidamente se realizó el sorteo para fiscal acusador, resultando designada la Abg. Cinthia Vera.