La misma es una norma específica que confiere seguridad jurídica, permite la previsibilidad y certeza para los ciudadanos respecto a las actuaciones de la autoridad pública, sobre la base del cumplimiento estricto del principio de legalidad.

Al efecto, el Jurado realizó conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Derecho Administrativo, un curso de capacitación sobre la mencionada ley.

El curso estuvo dirigido a todas las reparticiones públicas, actores del sector privado, así como a la ciudadanía en general, fue impartido por destacados profesionales nacionales e internacionales, siendo de gran utilidad e importancia para la actualización de las personas en el conocimiento del nuevo precepto legal que regirá la administración del Estado.

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